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Partidos políticos

La tensión que sobrevuela las negociaciones entre el Gobierno y el PP por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene el mandato caducado desde hace más de tres años, se ha trasladado al interior del partido conservador. La actual dirección del partido, presidida por Alberto Núñez Feijóo, insiste en que la anterior ejecutiva, de Pablo Casado, no le entregó el documento firmado por el entonces secretario general, Teodoro García Egea, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en octubre del año pasado. Con aquel acuerdo, el PP y el Gobierno se comprometían a reformar la Ley del Poder Judicial para facilitar la renovación del Tribunal Constitucional, pero el PP actual se desmarca de dicho pacto. “Ese documento no se nos entregó en el traspaso de poderes de una dirección a otra; por tanto, no existió para nosotros”, ha afirmado el coordinador general del partido, Elías Bendodo, este lunes durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección. “No se produjo nunca”, ha recalcado.

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El Consejo General del Poder Judicial ha sido el detonante. Por primera vez desde que hace poco más de cuatro meses Alberto Núñez Feijóo fue elegido presidente popular tras la defenestración de Pablo Casado, las tensiones han aflorado entre las dos direcciones del PP. La salida de Casado de la presidencia del PP fue tan traumática como, en principio, pacífica. Pero este mes de agosto una chispa ha prendido la mecha, demostrando que hay heridas todavía abiertas de aquel drástico proceso. El pacto secreto de la dirección anterior con el Gobierno sobre el Poder Judicial ha desatado un cruce de acusaciones entre los dos equipos del PP hasta ahora inéditas. Fuentes de la cúpula de Casado insisten en que la dirección actual “tenía desde hace meses el documento” del acuerdo que el partido suscribió con el Ejecutivo, y que Feijóo y sus máximos dirigentes niegan tajantemente haber tenido en su poder.

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El Govern de Pere Aragonès, formado por Esquerra y de Junts, quiere blindarse y seguir con el plan de legislatura, aislándose de las críticas de Laura Borràs, suspendida como presidenta del Parlament y que acusa a los republicanos de no avanzar hacia la independencia y de acomodarse en el autonomismo. La también presidenta de Junts ha subido el volumen de sus reproches después de acaparar el protagonismo al ir a saludar a un pequeño grupo de independentistas que interrumpió el minuto de silencio al acabar el homenaje a las víctimas del 17-A. Junts decidió en julio, presionado por los sectores más radicales, celebrar una consulta entre sus bases para evaluar al Govern y plantear, incluso, la posibilidad de abandonarlo. Pero todo ese paisaje contrasta con la maquinaria del Ejecutivo, que ya diseña los presupuestos y otros proyectos de largo alcance al margen de las peleas de los partidos que lo apoyan.

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En matemáticas, uno más uno son dos. En la realidad, un león y un cordero no dan dos animales. O al menos no por mucho tiempo. El conocimiento no es un país homogéneo, sino una confederación de regiones con costumbres y leyes diferentes. Las verdades de la ciencia aspiran a la univocidad; las de la poesía se basan en la polisemia; las de la filosofía avanzan hacia atrás como los árbitros; y las de la política son pragmáticas e incompletas. Ninguna de estas formas de conocimiento es superior a las demás, sino que todas ellas sirven, a su manera, al deseo de comprender y potenciar la vida.

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El adelanto del fin del verano político ha sido una sorpresa solo a medias. El ciclo que abre este otoño tiene dos etapas mayores: las elecciones municipales y autonómicas de mayo y las generales previstas para diciembre de 2023, coincidiendo con el final de la presidencia española de la Unión Europea (si Pedro Sánchez no decide un adelanto electoral). El Gobierno ha programado un Consejo de Ministros para este martes con el fin de aprobar la creación de un Centro Nacional de Salud Pública y el jueves el pleno del Congreso en el que debería aprobarse el decreto sobre ahorro energético que ha generado divergencias visibles dentro del PP: Isabel Díaz Ayuso anunció su propósito de llevar el decreto al Tribunal Constitucional, contra el criterio de Alberto Núñez Feijóo y del resto de los presidentes autonómicos del PP.

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Uno de los aspectos más interesantes de la entrevista que Alberto Núñez Feijóo concedió a este periódico el pasado domingo fue la relativa a Cataluña. También fue la frase que mereció el titular principal: “Es muy difícil gobernar España si el PP no sube en Cataluña”. Lo que ya no quedó tan claro es cuál vaya a ser la estrategia de su partido para conseguirlo. En primer lugar, porque no se atisba la designación allí de un líder del partido con la capacidad para introducir una diferencia relevante respecto de los anteriores, todos fracasados. Alguien con el perfil de Josep Piqué, que seguramente sea el que Feijóo eche en falta. Y, en segundo término, porque sea cual sea su plan para dicha región, no parece que pueda consensuarlo con facilidad entre los suyos. El PP ha devenido en gran medida en un partido de notables territoriales; o sea, hipersensibles ante toda concesión a Cataluña que pueda verse como un privilegio diferencial respecto de sus propias comunidades.

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