Continúa la discusión alrededor del caso Ayotzinapa, después de días de muchas novedades, con la detención del exfiscal, Jesús Murillo Karam, dominando la escena. El viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la captura de Murillo, encargado de las investigaciones del caso en la primera etapa. La dependencia le acusa de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia. Este lunes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha referido al asunto. “Él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y la investigación de la Fiscalía”.
México
Lo que pasó el 12 de agosto no había ocurrido nunca en Tijuana. Es fácil decir esto porque la ciudad apenas ha cumplido 133 años. La localidad fronteriza mexicana, una de las más famosas del mundo, está teniendo una adolescencia complicada: drogas, tráfico de armas, prostitución, casinos, un muro que le cohíbe el paso y migrantes que se dan de bruces con él. Las balas riegan cada noche los barrios de cadáveres: dos, tres, seis, depende. Este agosto ya superan los 100; más de 1.200 este año. Pero lo que ocurrió el 12 de agosto espantó a la población: el crimen organizado salió de sus guaridas tradicionales y se puso a quemar vehículos privados y de transporte público, sembrando el caos en la joven Tijuana. El toque de queda del narco se cumplió a rajatabla: los comercios cerraron, las maquilas cesaron su actividad, la gente se recogió en sus casas. Nunca antes había pasado eso, ni en la pandemia, y los ciudadanos no están dispuestos a tolerar que se altere su día a día, las compras y la vuelta a casa. Los empresarios han traducido el fuego callejero en pérdidas de millones de pesos. No se estaba condenando la violencia, sino lo inoportuno y desaseado de su aparición en la vida pública. Luego todo volvió a la normalidad de los cuerpos baleados cada noche, esos no interfieren en el devenir diario.