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Continúa la discusión alrededor del caso Ayotzinapa, después de días de muchas novedades, con la detención del exfiscal, Jesús Murillo Karam, dominando la escena. El viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la captura de Murillo, encargado de las investigaciones del caso en la primera etapa. La dependencia le acusa de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia. Este lunes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se ha referido al asunto. “Él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y la investigación de la Fiscalía”.

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A dos semanas del plebiscito por una nueva Constitución en Chile, en el país sucamericano existen dos consensos sobre lo que ocurrirá el 4 de septiembre y el día después. En primer lugar, que el proceso constituyente continuará. Aunque se apruebe la propuesta de la convención, el oficialismo de Gabriel Boric ya ha informado de los compromisos de reforma al texto. De ganar la opción de quienes rechazan, en tanto, buena parte de la derecha —a excepción del Partido Republicano de José Antonio Kast—, se ha abierto a una batería de modificaciones a la Carta Fundamental vigente de 1980, que fue redactada en la dictadura de Augusto Pinochet, aunque reformada en democracia. Existe, además, acuerdo sobre un segundo aspecto: el resultado del referéndum no sería tan amplio. Si en octubre del 2020 un 78% estuvo por cambiar la Constitución actual, la propuesta de la convención divide ahora a la ciudadanía.

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Nos encontramos a bordo del Tren del Fin del Mundo, la vía férrea más austral del planeta. Alrededor, el humo de la pequeña locomotora de vapor se mezcla con las nubes que envuelven los últimos estertores de la cordillera de los Andes y con el aguanieve que cae sobre los milenarios bosques de lengas y sobre los arroyos de deshielo. Estamos en Ushuaia, más precisamente en la entrada del parque nacional argentino de Tierra del Fuego, y el convoy en el que viajamos fue conocido en otra época como el tren de los presos. Con el fin de afirmar la soberanía sobre la región, sobre finales del siglo XIX el Gobierno argentino decidió instalar un presidio que estuvo activo de 1902 a 1947 en estas remotas latitudes como una manera de poblar el lugar. La idea era levantarlo junto al fuerte Ushuaia, erigido en 1884 como la primera representación del Estado argentino en la zona. El tren, por entonces, era utilizado por los presos para traer la piedra necesaria para la construcción de la cárcel y la madera para alimentar sus estufas. Completamente renovado, ahora sirve a fines turísticos y rememora aquel nacimiento de la ciudad como colonia penitenciaria.

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Griselda Ruiz avanza encorvada por su finca cerca de Campo Largo, en la provincia de Chaco, en el norte de Argentina. Ella y Jorge, su marido, cultivan maíz. Entre sus plantas crecen toda clase de hierbas que hacen que su campo parezca casi verde en comparación con las enormes parcelas que lo rodean. Las propiedades vecinas están sembradas con maíz y soja, pero no se ven malas hierbas. Ella conoce la causa: los pesticidas. “El veneno está en todas partes”, denuncia. Cuando el viento sopla del norte, como ahora, les trae las sustancias químicas de los campos de soja.

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Fue hace 50 años: exactamente 50 años, el 22 de agosto de 1972. Una semana antes, un grupo de más de 100 militantes de diversas izquierdas encarcelados en un penal patagónico, viento y frío, el páramo arenoso al sur del sur, había intentado fugarse. No era un simple escape: el plan incluía la toma de la cárcel y el traslado de los fugitivos en tres camiones hasta un aeropuerto cercano; allí se subirían a un avión que llegaba de Buenos Aires y que otros militantes habrían copado en vuelo. Funcionó a medias: los camiones y las comunicaciones fallaron y, cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Rawson, solo siete fugitivos habían conseguido llegar hasta allí. Se subieron y, tras un rato de espera infructuosa, despegaron hacia Santiago de Chile, donde el Gobierno de Salvador Allende los recibió con inquietud y solidaridad. Semanas más tarde seguirían su viaje hasta La Habana.

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Seis meses antes de que Gustavo Petro se convirtiera en el primer presidente de izquierda en la historia reciente de Colombia, el politólogo Alberto Vergara escribía que la estrategia de meter miedo hacia los candidatos progresistas sin ofrecer nada a cambio ya no le estaba funcionando a la derecha latinoamericana. A lo largo de 2021, Keiko Fujimori en Perú, José Antonio Kast en Chile y Juan Orlando Hernández en Honduras perdieron las elecciones en sus países después de agitar sobre sus adversarios el fantasma del comunismo (y, en los dos primeros casos, de reivindicar políticas de las últimas dictaduras).

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Lo que pasó el 12 de agosto no había ocurrido nunca en Tijuana. Es fácil decir esto porque la ciudad apenas ha cumplido 133 años. La localidad fronteriza mexicana, una de las más famosas del mundo, está teniendo una adolescencia complicada: drogas, tráfico de armas, prostitución, casinos, un muro que le cohíbe el paso y migrantes que se dan de bruces con él. Las balas riegan cada noche los barrios de cadáveres: dos, tres, seis, depende. Este agosto ya superan los 100; más de 1.200 este año. Pero lo que ocurrió el 12 de agosto espantó a la población: el crimen organizado salió de sus guaridas tradicionales y se puso a quemar vehículos privados y de transporte público, sembrando el caos en la joven Tijuana. El toque de queda del narco se cumplió a rajatabla: los comercios cerraron, las maquilas cesaron su actividad, la gente se recogió en sus casas. Nunca antes había pasado eso, ni en la pandemia, y los ciudadanos no están dispuestos a tolerar que se altere su día a día, las compras y la vuelta a casa. Los empresarios han traducido el fuego callejero en pérdidas de millones de pesos. No se estaba condenando la violencia, sino lo inoportuno y desaseado de su aparición en la vida pública. Luego todo volvió a la normalidad de los cuerpos baleados cada noche, esos no interfieren en el devenir diario.

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