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La Abogacía General de la Comunidad de Madrid frustró en 2020 uno de los pilares básicos del plan de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para atraer hasta la región a policías y guardias civiles, según documentación a la que ha accedido ahora EL PAÍS. La líder conservadora quería facilitar que los agentes obtuvieran becas públicas con las que pagar una parte del coste de inscribir a sus hijos en guarderías privadas dándoles un punto extra por su profesión. De esta manera, las familias de policías y guardias civiles partirían con ventaja con respecto al resto a la hora de ser seleccionadas para recibir la ayuda. Un planteamiento que los abogados regionales consideraron “discriminatorio” y reclamaron que se eliminara del proyecto, como finalmente se hizo.

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